LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MÚSICOS EN LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

HISTORIA DE UN FRACASO Y REFLEXIONES HACIA EL FUTURO

 

 

La crisis que ha provocado el coronavirus en todos los ámbitos profesionales y laborales ha tenido una incidencia mucho más grave en el ámbito de los músicos profesionales, ya que ha evidenciado lo que todo el mundo sabía, que en el mundo de la música profesional la norma es la contratación fraudulenta de los trabajadores. Contratación fraudulenta que ha dado lugar a que muchos músicos profesionales no pudieran acceder a ningún tipo de ayuda. Bien porque no estaban dados de alta en el momento de la declaración del estado de alarma como autónomos (normalmente porque se trata músicos obligados a darse de alta como autónomos una o dos veces al año para poder emitir las facturas que se les exigen por quien les contrata), bien porque tampoco estaban dados de alta como trabajadores por cuenta ajena en ese momento (porque en ese momento no tenía concertada ninguna actuación), o porque tampoco se encontraba en la situación de alta en inactividad, situación creada para los trabajadores artistas para los momentos que median entre las contrataciones.

Esta situación no es nueva. Es algo que la profesión musical viene arrastrando desde hace décadas y que no se corrige porque es un sistema que funciona muy bien para todo el mundo de la industria musical (menos los músicos) y por la absoluta desinformación que tienen los músicos sobre su condición laboral. Cualquier camarero o dependiente de tienda conoce perfectamente sus derechos laborales (vacaciones, días propios, pagas extras, etc…), mientras que los músicos ignoran en la mayoría de los casos que pueden ser contratados laboralmente como cualquier otro trabajador.

 

El origen

 

El origen de esta problemática es complejo, porque se unieron en un momento concreto un montón de circunstancias que llevaron a la desprotección de los músicos y a su propia falta de consideración como trabajadores.

Por un lado se produjeron cambios tanto en la industria de los espectáculos como en la industria musical que venían produciéndose desde los años 70. En una industria organizada, con unos empresarios concretos, se produjo una explosión cultural en la música, que se dirigía a una generación más joven, más numerosa y con menos poder adquisitivo. Se crearon innumerables sellos, surgieron muchas salas de directo dirigidas a este público y los artistas y música que consumían. Esta explosión de música en directo sin embargo no afectó a que la principal forma de consumo musical de este nuevo público pasara a ser a través de grabaciones tanto para uso propio como en pubs, bares de copas, discotecas y otros establecimientos.

También la hostelería consolidada que usaba la música dio un cambio motivado por los gustos del público y el cambio de los consumidores hacia consumidores cada vez de menor edad hacia los que se dirigía el consumo. Surgieron muchas salas sí, pero las muchas salas que en Madrid daban actuaciones en directo de orquestas fueron desapareciendo o adaptándose para poder continuar con su actividad. Y esa nueva actividad no incluía normalmente las actuaciones musicales en directo, solo grabaciones.

Se produjo la irrupción de los entes locales como una de las mayores contratistas de espectáculos, contrataciones que normalmente se ofrecían con carácter gratuito a la ciudadanía degradando el concepto que el consumidor tenía de una actuación musical, precisamente porque no le costaba nada acceder a los mejores grupos y artistas de cada momento. La gratuidad en el acceso a los grandes artistas, además de todos los beneficios que ello generó en cuanto enriquecimiento cultural y profesional (que no siempre se produce al contratar al artista que más vende), también tuvo una consecuencia negativa: disminuir el valor que el espectador tiene del trabajo de los músicos que están en el escenario. Porque normalmente no se valora lo que no cuesta.

 

La contratación de los ayuntamientos de forma directa trajo también como consecuencia, por la práctica desaparición de los promotores musicales, que los agentes de zona y los representantes de los artistas pasaran a convertirse en empresas que iban más allá de la mera representación a cambio de un porcentaje del caché. En muchas ocasiones eran ellos quienes fijaban precios con artistas y con ayuntamientos, los que organizaban los espectáculos en su conjunto, los que se hacían (a través de los agentes de zona con los contactos adecuados en cada ayuntamiento) con los contratos completos para una fiesta local. Pero manteniendo la ficción de que seguían siendo simples representantes de los artistas o grupos cuando la realidad es que se convirtieron en empresas que gestionaban los espectáculos en su conjunto.

Como no somos historiadores, ni es el objeto de este artículo, hay muchos aspectos que se nos escapan del cambio que se produjo tanto en la forma de producir la música y los espectáculos como en el público que la consumía y las formas de hacerlo. También en la forma de ser remunerado, con mucho dinero negro en el sector. Se trata de una cuestión que tiene innumerables factores dentro de un cambio que se estaba produciendo en la sociedad en general. Pero la principal consecuencia de estos cambios en el ámbito musical fue la práctica desaparición de los empresarios promotores que existían en ese momento y el surgimiento de una nueva forma empresarial que nunca reconoció su condición de ser los empleadores de los músicos.

Los Ayuntamientos, aunque contrataran directamente los espectáculos y artistas internacionales para sus fiestas (cediendo espacios, suministros de luz, personal, etc…) se amparaban en la existencia del agente de zona o el representante del artista para decir que ellos no eran empresarios. Incluso esta Asociación hubo de discutir con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) porque su asesoría jurídica mantenía que un ayuntamiento no podía contratar laboralmente porque se trata de contratos privados y la administración solo podía realizar contratos administrativos. Triste.

 

Los agentes y representantes (ya fueran el agente de zona que tenía la exclusividad de uno o varios municipios, el del artista o el de la  discográfica) alegaban su condición de tales, meros intermediarios que cobraban por su gestión entre artista y empresario, para eludir convertirse en los empleadores. Aunque sin embargo, en muchas ocasiones se habían convertido en verdaderos contratistas de los artistas y músicos porque eran ellos los que fijaban con el artista un precio por actuación y fijaban con el ayuntamiento otro diferente. Otro precio que, por supuesto, no se limitaba a incrementar el caché del artista con su porcentaje de intermediación (10 + 10), sino que fijaban libremente. También, en muchas ocasiones, eran ellos los que soportaban los gastos de la organización del espectáculo, publicidad, alquileres de sonido y luces, etc… una serie de funciones ajenas a un mero representante que servía para justificar ese aumento de ingresos ante los artistas. Pero nunca siendo el empresario.

El nuevo empresario de hostelería que contrataba actuaciones en directo, se movía en un mundo donde el dinero negro era la norma y no la excepción y donde dar de alta a los músicos de los grupos que tocaban en sus locales era algo que debía suceder en alguno de los multiversos. Tampoco que existiera una multitud de nuevas formaciones musicales de gente muy joven cuyo interés primordial no era su carrera como músico profesional, en los que la música era solo un medio de expresión, ayudó a que exigieran que fueran tratados como trabajadores musicales.

El músico se encontró con un sector de actividad económica en que quienes les contrataban rehuían su condición de organizadores de espectáculos.

 

¿Una nueva regulación laboral?

 

Con anterioridad al año 1985, el sistema musical se venía rigiendo a través de las ordenanzas que eran disposiciones en el que intervenía tanto empresarios como trabajadores, siguiendo el sistema de sindicatos verticales existente en el franquismo.

Cuando se dictaron las normas para regular la actividad laboral del músico en los espectáculos públicos tras la publicación del Estatuto de los Trabajadores, se realizó a través del RD 1435/1985, que se limitó a señalar unas líneas básicas sin pretender regular el sector de forma completa y dejando expresamente vigentes las normas laborales preexistentes (ordenanzas laborales), remitiéndose al Estatuto de los Trabajadores para el resto de las cuestiones. Se trata de un Decreto que, por lo escueto del texto y su falta de concreción dio lugar a posteriores interpretaciones por quienes contrataban a los artistas para no reconocerle su condición de trabajadores. El Decreto regula al artista en el espectáculo público, que no se correspondía con la percepción social del término que identifica al artista con la figura del espectáculo y al resto de componentes del espectáculo como músicos (o bailarines, o palmeros, o coro). La falta de concreción de las diferentes categorías, las diferentes relaciones entre los miembros de un grupo o una orquesta y la identificación del empresario como el organizador del espectáculo (desconociendo el resto de figuras que se pueden dar en el ámbito musical), no ayudaban a clarificar la situación laboral, que estaban mucho mejor definidas en las ordenanzas laborales que seguían vigentes y cuya aplicación se prorrogó hasta el año 1995. Y después de esa fecha, el vacío.

La regulación de las altas en la seguridad social de los artistas tampoco supuso a diferencia sobre el sistema que se encontraba vigente con anterioridad (Decreto 2133/1975). Aunque introdujo cambios que perjudicaron a los profesionales de la música y que no se han corregido en la actualidad. Fue negativo retirar la responsabilidad subsidiaria del empresario del local o el organizador del espectáculo por los incumplimientos del alta en las compañías que contrataban. Y fue muy negativo retirar la exigencia de las altas en el régimen especial de los artistas que intervenían en el espectáculo para poder acceder a las subvenciones y ayudas. Sin responsabilidad ni castigo, ¿cómo se va a cumplir la Ley?

 

También estableció una diferencia esencial que fue muy perjudicial para el sistema creado: mientras que en la normativa anterior exclusivamente se hablaba de devolver a los empresarios el resultado de la liquidación tras la regularización anual, en el nuevo decreto (R.D. 2621/1986) se mantuvo la regularización anual del anterior sistema, pero con una liquidación de cuotas a empresas y trabajadores que podían resultar a ingresar para ambos. De tal forma que quien daba de alta al músico no sabía hasta que se producía la regularización de las cuotas cuál iba a ser el coste por una actuación concreta. Porque no dependía de él, sino de la actividad del músico a lo largo del año y los salarios y actuaciones que hubiera tenido durante ese tiempo con otras empresas.

Esas regularizaciones no se produjeron con carácter anual, sino con mucho retraso en diversas ocasiones, pero fue algo que evidentemente hacía que quienes contrataban a los músicos no desearan tener la condición de empleador.

Cuando se hicieron estas regularizaciones (cinco o seis años después de ponerse en marcha el sistema), la Seguridad Social se dirigió a las empresas exigiéndoles cantidades por cuotas de artistas que habían actuado con ellos hacía años. Por esto, el sistema fue depurado hasta el que se tiene en la actualidad en la que se establecen unas base mínimas por actuación pero el empresario ha de cotizar mensualmente por lo que realmente se paga (salvo que el salario sea inferior, en cuyo caso se cotiza por el mínimo). La regularización se realiza al cabo del año y solo con el trabajador (que puede en su caso optar por aumentar las bases de cotización o los días cotizados), y se permite al artista darse de alta en los periodos de inactividad para mantener cotizaciones para los casos de enfermedad o incapacidad y jubilación. Así el empresario sabe cuánto ha de pagar desde el inicio y no está a expensas de posibles regularizaciones de cuotas.

 

Todo esto se produjo a lo largo de varios años, dando lugar a unas costumbres en la contratación del sector musical en que el alta en la seguridad social de los músicos en los espectáculos públicos pasó a ser una anécdota.

 

 

Y, sin embargo, esa normativa y sistemas de cotización de trabajadores se impuso al mismo tiempo en los actores (con la misma regulación) y otros sectores (deportistas, toreros) en los que, a día de hoy, el sistema sigue funcionando.

 

¿Por qué en los músicos no funcionó?

Cuando se puso en marcha el sistema tanto los toreros, los deportistas como los actores se encontraban más cohesionados a través de sindicatos o asociaciones profesionales que eran mayoritarias y se exigió desde el primer momento el alta de los trabajadores para ejercer su profesión. Y fue una labor de todos los profesionales, desde las figuras más representativas a los más humildes que siempre contaron con el respaldo de aquellos que podían representarlos por su trascendencia social. De tal forma que todos los profesionales están incluidos dentro del régimen general, independientemente de su categoría profesional, de su condición de gran figura o del salario que cobran. Los artistas, los futbolistas y los profesionales taurinos exigieron las altas en la seguridad social en todas sus actuaciones, negándose a trabajar si el empresario no le daba al trabajador el TC4/19 (el justificante de la actuación). Aunque se suspendiese el espectáculo o la corrida.

Esto sigue ocurriendo a día de hoy. En los profesionales taurinos se suspende una corrida si no se entregan antes de empezar el espectáculo los boletines de cotización. (Así pasó en el año 2013 en Lorca, por ejemplo). También porque el ayuntamiento sabe que él es organizador y responsable (al igual que cuando organiza los conciertos por las fiestas de su localidad) y no permite una corrida sin seguridad social.

Los futbolistas han realizado diferentes huelgas, las primeras de ellas precisamente para solicitar su inclusión en la seguridad social como el resto de los trabajadores. También para negociar un convenio colectivo (como el de las futbolistas profesionales) e incluso para solucionar el problema de los impagos a los futbolistas con menores ingresos.

En el mundo de los actores, la exigencia de la cotización alcanza también a los profesionales que actúan en los cortometrajes y en las autoproducciones, aunque no cobren o cobren en función de lo que posteriormente generen las obras. Porque todos ellos tienen claro el concepto de trabajador respecto a una obra que organiza un empresario, sea una compañía de teatro, una televisión o una productora de videos. Y desean mantener su condición de trabajadores porque es la que les da la cobertura social.

 

¿Qué sucedió en el mundo de los músicos profesionales?

 

Casi nada. Porque no existía una cohesión entre los profesionales ni se creó ninguna conciencia laboral o profesional. El sindicato existente sirvió más para posibilitar la creación de las sociedades de gestión a través de sus asociados (que era obligatoria en los sindicatos verticales de donde procedía) que a exigir los derechos de los profesionales de la música. Tampoco los sindicatos generalistas realizaron una defensa de un sector sin casi afiliados que les quedaba muy lejos. Tampoco ayudó que no existiera una patronal del sector que cubriera las múltiples posibilidades de contratación y que aquellos que se habían convertido en los empresarios (los representantes, las agencias, los ayuntamientos y los establecimientos de música en directo) rehuyeran su condición de empresario organizador de espectáculo.

Así, incluso aunque se hubiera querido no se habría podido firmar convenios o acuerdos generales para la profesión. Solo existe un  convenio generalista de carácter estatal (salas de fiesta y discotecas) y múltiples convenios provinciales o de empresa (orquestas sinfónicas) y alguno autonómico sectorial (orquestas de Galicia). Pero existen muchos sectores que no están regulados. Y, desde luego, los músicos tampoco hicimos nada por nosotros. Por ignorancia de la legalidad, por falta de una conciencia de formar parte de una profesión, por aceptar la práctica que se imponía de contratos con dinero en B o de emitir facturas, aunque hubiera que pagar a una empresa para ello. Y por ser absolutamente insolidarios con los demás compañeros de nuestra profesión. No solo de las figuras respecto a los músicos sin sus grandes ingresos, sino de los propios músicos con los músicos que trabajaban en otro sector y entre los compañeros de su propio sector.

 

Consecuencias de toda esta situación es el panorama, actual. La actividad musical (tras unos cuantos años de facturación en B, incluso por los entes locales que usaban en ocasiones los grandes presupuestos de las fiestas para financiar a los partidos de la agrupación, qué sorpresa), se ha basado desde hace muchos años en la emisión de factura. Porque los que son los organizadores de los espectáculos han tenido esta exigencia hacia los músicos como requisito indispensable para trabajar, derivado en gran medida de las normativas de la contratación del sector público que pretendía poner un poco de orden en el dinero público, o aparentar que se hacía, porque este es un país de postureos.

De tal forma que los músicos que deseaban simplemente trabajar, cuando se les empezó a exigir la facturación por sus actuaciones, tuvieron que acudir a diferentes vías para poder emitir esas facturas: bien darse de alta como autónomos (lo que en la mayoría de los casos resultaba inviable porque había que hacerlo por toda la anualidad, no como ahora), bien acudir a alguna de las empresas de amigos o familiares para que les emitieran una factura con su IVA, o incluso acudiendo a algunas empresas que se dedicaban exclusivamente a emitir facturas de músicos y grupos por sus actuaciones, a cambio de una comisión. Como el alta en la seguridad social de los trabajadores no era una exigencia del que contrataba al artista, fuera privado o público, eso quedaba fuera de la negociación.

Aquellos que, además de trabajar, deseaban tener una protección social como cualquier trabajador tuvieron que darse de alta en la seguridad como autónomos (o alguien del grupo o la orquesta que facturaba en nombre de todos), o han tenido que acudir a la contratación a través de las diferentes cooperativas de trabajadores que se crearon como una necesidad para que el trabajador musical pudiera ser dado de alta ante la resistencia de quienes les contrataban, algunas de las cuales siguen vigentes en la actualidad porque esa necesidad sigue existiendo.

 

Pero no son soluciones, sino parches. Y son parches que permiten que un sistema injusto e ilegal siga funcionando.

 

Porque existiendo una regulación normativa clara que determina la condición del profesional de la música como trabajador, este sistema de trabajo, a través de la facturación como autónomo o a través de las cooperativas de trabajo asociado, aunque cumpla la función de proteger socialmente a los trabajadores solo se consigue mantener en el tiempo una situación que lleva a la desprotección de los mismos, que se basa en el fraude de ley, en el incumplimiento de las obligaciones laborales por los organizadores de los espectáculos y en la falta de conciencia del profesional de la música como trabajador. Lo que ha sido una solución a problemas concretos se convierte al mantenerse en el tiempo como parte del problema.

Porque, al final, este sistema viene muy bien para todo el entramado empresarial que vive de la actividad musical, que cobra a los organizadores finales unas cantidades que no se trasladan a los profesionales de la música. El organizador final de un espectáculo difícilmente sabe qué cantidad de lo que paga va a los miembros del grupo u orquesta que ha contratado porque no paga las nóminas ni la seguridad social, ni las exige. Estamos seguros que muchos ayuntamientos se sorprenderían de saber cuánto del dinero que han pagado por un espectáculo va realmente a los que realizan el espectáculo.

 

Y este sistema pervive por la insolidaridad de los músicos, su desinformación o la complacencia de los pocos que viven relativamente bien dentro del sistema creado. Y, por supuesto por la dejadez e inoperancia de la administración en el cumplimiento de las leyes laborales.

 

 

¿Qué hace la administración?

 

La administración no ha querido resolver nunca este problema. Las administraciones están muy cómodas con el sistema de exigir una factura, ya sea a un intermediario, a un grupo o a un artista. Eso les evita problemas. Eso sí, para evitar la responsabilidad subsidiaria que pudieran tener si ocurre algo durante el espectáculo, exigen al que firma el contrato el certificado de estar al corriente de pago en la seguridad social. Así uno puede pasarse décadas contratando con la administración sin dar de alta a nadie, siempre que él esté dado de alta como autónomo y pague sus cuotas.

Tampoco aquellos que debían velar por el cumplimiento de las normas han cumplido con su misión. Cuando AMPE empezó a presentar denuncias contra los diferentes organizadores de espectáculos en los que no se daba de alta a ningún músico, nos encontramos con que los criterios de la inspección de trabajo eran absolutamente dispares. Mientras en unos sitios se levantaban actas de infracción, en otras provincias les resultaba completamente legal que en un espectáculo hubiera siete empresarios (los organizadores y todos los músicos, de alta como autónomos) y ningún trabajador. Tuvimos la suerte de dar con varios Directores Generales de la Inspección de Trabajo que se sorprendieron de que hubiera más altas de músicos en Febrero que en Julio o Agosto, cuando hay una fiesta en cada pueblo. Con ellos se realizaron unos Criterios de la Inspección para que se unificaran y se aplicaran en todos los puntos de España. Incluso se creó una sección dedicada a la inspección que funcionó durante un tiempo y que realizó una gran labor.

Desgraciadamente, la suerte se acabó. Los criterios generales de la Inspección de Trabajo no aparecen publicadas en la página web de la inspección y la última reunión que tuvimos con la Dirección General fue para que se terminaran las campañas de inspección que estaban realizando a los músicos exigiéndoles el alta de cuatro años como Autónomos por realizar trabajos que eran laborales. Las estadísticas siguen mostrando el mismo fraude en la contratación, pero no parece que este sector sea una prioridad para la inspección. Al menos han dejado de tener como prioridad las reclamaciones de autónomos a los músicos.

 

La Asociación, a lo largo de los 21 años de existencia ha visto todas las situaciones posibles.

 

Grupos de músicos que son sustituidos por otros cuando se sale de gira porque cobran menos, despidos de músicos o coristas para contratar a colegas del representante o coristas con menos voz pero más físico, inspecciones de la seguridad social de grandes artistas sin un solo músico dado de alta en una gira de 80 conciertos, actas de infracción con resistencia a la inspección de artistas conocidos por su “solidaridad”, una legión de contratos mercantiles o civiles para dar conciertos, contratos administrativos de suministro para contratar profesores de música, etc… Y mucha resistencia por parte de los propios músicos a dejar de trabajar con facturas y que se les diera el alta. Aunque su trabajo (acompañante de figura o miembro de una big band) fueran eminentemente laboral. Resistencia al alta de los músicos en la seguridad social no solo de los empresarios o los organizadores de conciertos, sino de muchos de los músicos ya acostumbrados a una forma de realizar su actividad.

También nos hemos encontrado, por la fragmentación del sector y la falta de conciencia colectiva de ser todos profesionales de la música, independientemente del sector en el que trabajemos y de las ganancias que obtengamos, una mínima movilización del sector en defensa de los derechos de los músicos que no son los nuestros. Protestas delante de teatros que emitían karaokes y no musicales (porque actuaban sin músicos en directo), en el que había más policías que músicos protestando y donde teníamos mejor respuesta de los actores que acudían invitados al estreno que de los propios músicos. Estamos en un sector fragmentado en que cada uno se preocupa de los suyo y en el que no movemos un dedo por defender los derechos de los otros músicos del sector de al lado. Eso es algo que debemos cambiar nosotros.

 

¿Y ahora, qué?

 

Desde AMPE creemos que este momento tan doloroso que estamos viviendo no puede quedar en el vacío. Ante la situación tan grave que estamos viviendo los músicos profesionales es hora de que reflexionemos y de que pongamos las medidas para acabar con un sistema de contratación que nos ha llevado hasta esta situación.

Y entendemos que es una labor nuestra, de los profesionales de la música, y de la danza, y los técnicos que actúan en los espectáculos y, también, de los artistas principales y figuras a quienes acompañamos. De forma individual y como grupo.
Y de nadie más.

Los artistas siempre hemos sido generosos con el resto del sector. Apoyamos las reivindicaciones de los teatros, los bares, las empresas culturales, de todos los que intervienen en la actividad cultural. Estamos de acuerdo con ello y firmamos todas las solicitudes para que las entidades públicas destinen todo el dinero que no se han gastado por la pandemia a la reactivación de la cultura. Estamos encantados de que se les destine ese dinero para que puedan seguir funcionando y contratándonos. También el dinero para las salas y los locales de actuación de cualquier tipo, hasta los grandes festivales.

 

Esperamos la misma solidaridad de ellos, pero no la estamos recibiendo. Resulta que todas estas organizaciones se han plantado ante los ministerios, las consejerías y los ayuntamientos exigiendo ayudas porque la situación de los músicos y los intérpretes, (nosotros, no ellos), es de exclusión social. Y solo han gestionado las ayudas para las empresas culturales. Para ellos, no para nosotros. ¿Y los trabajadores? ¿Les vamos a seguir emitiendo facturas? No puede seguir creándose actividad cultural sobre la miseria de sus intérpretes.

 

Creemos que ya está bien. Estamos convencidos de que realizan su función, de que promueven el desarrollo de la cultura (aunque no sea la nuestra muchas veces) y que son necesarios para la organización de las actividades culturales. Pero no deben de olvidar que con 700 millones de ayuda podrán organizar espectáculos magníficos, pero no se pueden llevar a cabo sin los músicos y cantantes, sin los bailarines, sin los actores, sin los técnicos de sonido y de luz, ni todo aquél personal humano que forma el espectáculo.

Se ha exigido a las administraciones que no se entregue ni un solo euro de subvención o ayuda pública sin que en cada uno de los espectáculos que vayan a ser objeto de ayuda existe una relación previa de intérpretes y la acreditación posterior de las altas y bajas de los trabajadores por la actuación. En la Comunidad Valencia se ha obtenido una respuesta positiva. En el Ministerio de la Industria Cultural, perdón, Ministerio de Cultura, nada. Exigimos a la administración que todo ese dinero no sea utilizado para mantener un sistema de contratación que va contra la Ley.

 

No pedimos grandes cosas. Solo que se cumpla la Ley y que la administración vele porque sea así. Y, si eso no ocurre, creemos que es el momento de exigirlo. Todos nuestros socios, los asociados y todos aquellos músicos que se preocupan por la profesión y por el futuro de la profesión, no deben realizar ninguna actuación en la que no se les haya dado de alta en la seguridad social. A ellos, a los bailarines, a los técnicos y a las figuras principales. Se ha de exigir previamente y no se puede actuar sin ello.

Tenemos el ejemplo que nos dieron aquellos que están en el mismo régimen. Y si queremos corregir la situación, debemos de tomar medidas: si no se tiene el alta en la seguridad social de todos, y en el régimen de artistas, no se debe de actuar. Aunque se suspenda el espectáculo. No es nuestro problema. Es de quien lo organiza, del empresario, el que se va a llevar el beneficio o la pérdida. Y, por mucho que insistan, no somos nosotros.

 

Ya hemos exigido a las administraciones diferentes medidas. Nosotros, los músicos, de cualquier categoría, solo tenemos que exigirnos una sola: no actuar sin alta en el régimen especial de artistas de la seguridad social. Es simple, es la solución y está en nuestras manos.

 

AMPE

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